Normativa

La materia de los precios de transferencia en Costa Rica se ha marcado por varios hechos relevantes: en primera instancia con la Directriz Interpretativa 20-03 en el año 2003; luego, con la publicación del Reglamento de Precios de Transferencia, el Decreto 37898-H y en el último cuatrimestre del año 2016 ocurre el último acontecimiento de real importancia: la publicación de la Resolución DGT-R-044-2016 que rige la presentación de la declaración informativa de precios de transferencia.

En la edición anterior, indicábamos que según se señala en el mismo texto en el “Considerando”, el Reglamento de Precios de Transferencia tiene su fundamento en los artículos 8 y 12 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, los cuales señalan en su artículo 8 que la Administración Tributaria puede prescindir de las figuras jurídicas adoptadas por el contribuyente, si estas redundan en una disminución de la base imponible del impuesto sobre la renta y en relación con el artículo 12 indica que los elementos tales como el sujeto pasivo o el hecho generador no pueden ser variados como consecuencia de convenios que se realicen entre particulares, los cuales no serían aducibles al Fisco.

Para efectos de la Administración Tributaria, la aplicación de la normativa de precios de transferencia se basa en la necesidad de evitar que los contribuyentes erosionen la base imponible del impuesto sobre la renta mediante las transacciones que suceden en las empresas de un mismo Grupo Económico. El Decreto 37898-H de septiembre de 2013 regula tanto las transacciones entre empresas vinculadas que están domiciliadas en un mismo país, así como las transacciones que ocurren entre la compañía de un país y otra vinculada que se encuentre en el extranjero.

Es importante tener en consideración, que el estudio se aplicará sobre aquellas empresas de un grupo que han sido consideradas como vinculadas y que hayan realizado transacciones de ingresos, costos o gastos entre ellas. Los criterios de vinculación se establecen en el artículo 4 del Reglamento de Precios de Transferencia.

Cabe destacar que en los años anteriores a la publicación del Reglamento 37898-H, o inclusive después de dicha publicación, han ocurrido fiscalizaciones en materia de precios de transferencia. Las anteriores a la publicación del reglamento se desarrollaron en las diferentes instancias administrativas e inclusive en el Tribunal Contencioso Administrativo. La mayoría de estos casos se resolvieron a favor de la Administración Tributaria, lo cual, a nuestro criterio, sucedió de esa forma por la falta de evidencia técnica suficiente para debatir los argumentos de la Administración Tributaria. Las fiscalizaciones posteriores a la publicación del reglamento se encuentran en proceso de resolución en la vía administrativa.

Como señalamos anteriormente, con base en la redacción de los artículos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios indicados y con base en la redacción de la Directriz 20-03, la Administración Tributaria inició la aplicación de los precios de transferencia. Esto sin haber definido metodología alguna para su ejecución y con ello iniciaron las fiscalizaciones y ajustes a los contribuyentes.

Cuando nos referimos a definir una metodología, es precisamente la aplicación de los métodos que establece la OCDE, a saber:

  1. Precio comparable no controlado
  2. Precio de reventa
  3. Costo adicionado
  4. Partición de utilidades
  5. Margen neto transaccional

La citada directriz fue sujeta de múltiples cuestionamientos y el 22 de diciembre de 2010 un contribuyente interpone una acción de inconstitucionalidad que fue resuelta sin lugar por la Sala Constitucional el 18 de abril de 2012. El argumento en resumen de la Sala Constitucional fue el siguiente:

"Conclusión. La Directriz impugnada, no establece ni impone un único método de análisis de precios de transferencia, de manera que, ante la ausencia de ley, la autonomía del derecho tributario permite para determinar el impuesto a pagar recurrir a lo dispuesto por los artículos 8 y 12 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, sin perjuicio de que se pueda admitir ±otras técnicas-mejores. Lo importante es que la Directriz Interpretativa impugnada no pretende eliminar otros múltiples escenarios que provengan de diferentes formas de organización de empresas, sino que se dirige a los precios de transferencia entre empresas vinculadas. Aun cuando el legislador puede adoptar una determinada técnica o varias para regular un determinado comportamiento de las empresas, o reconocer las prácticas legales para reducir impuestos, es posible admitir que si se producen roces con la legislación tributaria y con la realidad, ante la ausencia de una ley, le corresponde, en última instancia, al juez dirimir la aplicación correcta de las normas técnicas. De esta manera, en ausencia de legislación en particular, ese hecho no impide que las partes en conflicto puedan presentar sus argumentos, producir la prueba y demostrar la necesidad de aplicar otros criterios que permitan desaplicar la norma técnica que adopta la directriz en cuestión, o de otro método posible, situación que evidentemente hace que la discusión sea un asunto de legalidad ordinaria. Por todo lo expuesto, la acción debe declararse sin lugar, como en efecto se hace."

La resolución de la Sala no señala tema alguno acerca de la metodología que debe utilizarse, siendo específico a los métodos técnicos establecidos por la OCDE para analizar si una transacción se encuentra dentro de los rangos que se consideran como valores de mercado. La misma Administración Tributaria no aplicó método alguno de los dispuestos técnicamente por la OCDE, ni tampoco se hace alusión a ello en la resolución de la Sala Constitucional. Es de esta manera que inician o se respaldan las fiscalizaciones y ajustes realizados por la Administración Tributaria y con ello ratificaron los ajustes resultantes con fuertes sumas de impuesto sobre la renta dejado sin pagar según el criterio de la Administración y consecuentemente las sanciones e intereses que correspondían.

Actualmente no se cuenta con una ley que haya sido promulgada por la Asamblea Legislativa del país y, por lo tanto, la materia de precios de transferencia se rige por lo establecido en el Decreto Ejecutivo 37898-H, publicado el 13 de septiembre de 2013. A pesar de no contar con la ley respectiva, es de suma importancia los lineamientos que se señalan en el decreto ejecutivo, dado que ahí se encuentra el detalle de los contribuyentes que se encuentran en la obligación de preparar un estudio de precios de transferencia, quienes deben presentar la declaración informativa, las definiciones de vinculación, los métodos a aplicar y otros conceptos que son importantes para regir esta materia. Así como también, que lo ahí establecido es tanto para acatamiento de todos los contribuyentes como para el establecimiento del marco de acción de la misma Administración Tributaria.

Esto sin duda alguna es una gran ventaja especialmente para los contribuyentes, dado que delimita el marco de acción para realizar las revisiones y establece reglas claras en cuanto a la aplicación de los métodos que se encuentran acorde con los criterios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Este reglamento resuelve el hecho de que en los diez años anteriores a su publicación, las fiscalizaciones se basaban en una directriz interpretativa de la Administración Tributaria.

A pesar de las fiscalizaciones y ajustes que se llevaron antes de la emisión del decreto ejecutivo, en realidad es muy poca la experiencia en el país acerca de la aplicación de los precios de transferencia, tanto para los contribuyentes que en términos generales desconocen de la técnica de aplicación y cuáles son los objetivos que se buscan, como para la Administración Tributaria, cuya labor ha sido la preparación de su personal y construir la estructura necesaria que estará atendiendo el tema en los próximos años.